Es deber fundamental de los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas garantizar la moralidad, eficacia y transparencia en la gestión estatal. La responsabilidad disciplinaria se configura por la incursión en faltas —ya sea por acción, omisión o extralimitación de funciones— que afectan el correcto funcionamiento de la administración pública y pueden derivar en investigaciones por parte de los órganos de control.

Nuestros servicios se centran en la defensa técnica e integral de funcionarios públicos (de elección popular, carrera administrativa o libre nombramiento) que enfrentan investigaciones ante la Procuraduría General de la Nación, Personerías y Oficinas de Control Interno. Nos especializamos en proteger sus derechos frente a procesos que buscan la destitución, suspensión o inhabilidad, actuando contra la vulneración del debido proceso y garantizando una representación sólida desde la indagación preliminar hasta el fallo definitivo.